Medidas en materia de vivienda y alquiler por el estado de alarma. Requisitos y documentación

Para poder acceder a las medidas establecidas en el Real Decreto Ley 11/2020, el arrendatario (inquilino) deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica (vulnerables por coronavirus).

En Abogados CEA te explicamos que requisitos tienes que cumplir para ser considerada una persona en situación de vulnerabilidad económica:

1. Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:

   1. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).

   2. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

   3. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

   4. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

   5. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.

2. Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.

Pero las personas que sean propietarias, en todo o en parte, de otra vivienda en España, no serán merecedoras de la condición de especial vulnerabilidad, salvo que no puedan tener disponibilidad de ella “por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.”

Documentación para acreditar tener vulnerabilidad económica

Para ser considerado persona en situación de vulnerabilidad económica por el coronavirus, es necesario demostrar documentalmente los requisitos exigibles:

1. Situación legal de desempleo: “certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.”

2. Cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia: “certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.”

3. Personas que habitan en la vivienda habitual:

   • • “Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.

     • Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

     • Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.” 

4. Titularidad de los bienes: “nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.”

5. Declaración responsable (jurada) del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.

Avales para la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica

Se avalarán las ayudas que puedan ofrecer las entidades bancarias entidades bancarias a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, “con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante.”

Los requisitos y criterios para la concesión de estos avales serán determinados por una futura orden ministerial. 

Programa de ayudas a los arrendatarios de vivienda habitual

Será desarrollado por Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y se denominará: “Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual”.

Consistirá en adjudicaciones directas a arrendatarios de vivienda habitual que “tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida”.

Estas ayudas tendrán una cuantía de hasta 900 euros al mes “y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.” Si bien, la cuantía exacta será determinado por cada Comunidad Autónoma.

Fernando González Iturbe – Abogado CEA

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